Así lo manifestó la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, durante la mesa redonda celebrada en Servimedia ‘La atención a las personas refugiadas desde la visión de la discapacidad’, enmarcada en la convocatoria de programas ‘Hablamos de Europa’, financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

 

Durante el debate, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, explicó que alrededor de 7,6 millones de personas con discapacidad viven en situación de desplazamiento forzado. “En este contexto, es fácil entender que los casos de violencia de género (agresiones sexuales, matrimonios forzosos, maltrato físico y psicológico, etc.) se multipliquen”. Además, subrayó la necesidad de que se trabaje con mayor intensidad con las organizaciones humanitarias, como por ejemplo, mejorando la formación de quienes atienden a los refugiados, a fin de que sepan cómo actuar ante quienes tienen algún tipo de discapacidad.

 

Caballero alertó de que las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial se encuentran entre las  que corren mayor riesgo de ser víctimas de este tipo de violencia.  “En muchas ocasiones solamente se descubre que están siendo agredidas sexualmente cuando quedan embarazadas”, puesto que en su opinión,  “los mismos prejuicios que sufren las mujeres con discapacidad en cualquier sociedad se trasladan a los lugares  por los que transitan o viven las personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares”.

 

Por su parte, An-Sofie Leenknecht, responsable de Derechos Humanos del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés),  subrayó que muchas personas refugiadas adquieren una discapacidad durante la ruta, que en muchos casos hacen durante años. “Es imposible estimar el impacto en la salud mental de las personas de la guerra, del miedo y de la incertidumbre que se viene durante la ruta, una ruta llena de peligro”, insistió la representante del EDF.

 

Además, recordó que la Agencia de la ONU para los Refugiados ha advertido de que los servicios, incluidos los programas de asistencia y protección, son inaccesibles para las personas con discapacidad. “Los refugiados con discapacidad son víctimas de la discriminación, la explotación y la violencia y que están excluidos del acceso a la asistencia humanitaria, la educación, la vivienda y la salud”.

 

An-Sofie Leenknecht recordó que existen normativas europeas y de la ONU, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obligan a los países a atender las necesidades que tengan todas las personas, y avanzó que desde el EDF se va a reforzar la incidencia política en el seno de la UE para que se mejore la atención que se presta a este grupo social.

 

 

Por su parte, la eurodiputada socialista y presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la UE, Elena Valenciano, señaló que “hay un responsable muy claro de que la Unión no haya estado a la altura de lo que todos esperábamos: el Consejo de la Unión, es decir, los Gobiernos de los Estados miembros. Tras incontables reuniones y cumbres, a duras penas han sido capaces de acordar medidas”, que a su juicio han sido ineficaces e insuficientes.

 

“Si la respuesta de Europa en esta denominada crisis ha sido insuficiente, a veces indigna, son grupos especialmente vulnerables como las personas con discapacidad los que se han llevado la peor parte”, añadió Valenciano, al tiempo que insistía en la necesidad de trabajar de manera coordinada, garantizando la seguridad de “quienes huyen del horror” y trabajando a medio y largo plazo en la resolución de los conflictos que sufren los países de origen.

 

En este sentido, el director de CEPAIM, Juan Carlos Segura, subrayó que la UE se ha fijado un compromiso de reasentamiento de refugiados “insuficiente”, pero que además “no está cumpliendo”. De esta forma, recordó que España se ha comprometido antes de diciembre de 2017 a recibir a 17.000 personas refugiadas, y hasta la fecha han llegado poco más de 600. “No puede ser que un país como El Líbano tenga más capacidad de acogida que la UE”, aseveró.

 

De esta forma, alertó de que “el proyecto europeo está viviendo una profunda crisis”, y lamentó que sólo se trabaje para conseguir una verdadera unión económica y-financiera. “No se puede ser tan duros con los objetivos de déficit y tan flexibles con los objetivos sociales”. Asimismo, Segura hizo hincapié en la necesidad de mejorar la formación de quienes asisten a las personas con discapacidad, y destacó que la Plataforma del Tercer Sector (PTS) es un “importantísimo marco de coordinación de entidades sociales en España.

 

Por su parte, María Soledad Cisternas, presidenta del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puso en valor el trabajo que se realiza desde Naciones Unidas en favor de los derechos de las personas con discapacidad, la UE y los diferentes tratados que exigen una protección de este grupo social, atendiendo a la variable de género, algo que por supuesto también debe aplicarse a las personas refugiadas.

 

Cisternas declaró que “yo pongo en duda las democracias cuando hay sectores de la población a quiennes se les vulnera el ejercicio de sus derechos, lo que socaba la solidez de una democracia”, puesto que a su juicio, el núcleo de este tipo de regímenes políticos está fundamentado en los derechos humanos.

 

En cuanto al momento que está atravesando la  UE, la presidenta del Comité de la Discapacidad de la ONU destacó que  las crisis “son un buen momento para poner a prueba el sistema, y de ahí puede salir reforzado o romperse”, aunque mostró su confianza  en que la UE saldrá fortalecida.

 

 

El CERMI viene reforzando su incidencia política en materia de personas refugiadas, debido a que su estrategia pasa permanentemente por luchar por el respeto a los derechos humanos. No en vano, ya el pasado año el Comité Ejecutivo de la entidad aprobó una declaración en la que se exigía una rápida respuesta a todas las instituciones ante la crisis humanitaria de personas refugiadas que se está produciendo, y que se garantice que las personas con discapacidad no sufran ningún tipo de discriminación.

 

Para garantizar un trato igualitario, todos los recursos, los acompañamientos y los dispositivos de apoyo que se establezcan para la acogida de personas refugiadas han de hacer suyo y aplicar el enfoque inclusivo de la discapacidad, lo que se traduce en que no sean admisibles ningún trato diferenciado negativo ni respuesta segregadora que aparte a las personas con discapacidad de la corriente general de apoyos comunitarios.

 

Además, el CERMI ha mostrado públicamente el apoyo a las acciones de incidencia que ha llevado a cabo el EDF, y ha insistido en que seguirá trabajando con intensidad en esta misma línea, puesto que además es responsable de velar por el cumplimiento en España de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de cuya aprobación se cumple una década este año.